A partir del 1 de octubre, los ciudadanos que reserven sus vacaciones en España deberán proporcionar, entre otros, información sobre el lugar y las fechas de su estancia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La cantidad de datos que se solicitan, así como la antelación con la que se requieren, puede afectar el derecho a la privacidad de los viajeros y no tiene precedentes en Europa
La Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (FETAVE), la Asociación Corporativa de Agencias de Viajes Especializadas (ACAVe) y la Unión Nacional de Agencias de Viajes (UNAV) llevan años denunciando la improcedencia de la aplicación del Real Decreto 933/2021 de registro de actividades de hospedaje y coches de alquiler.
Esta normativa, que fue aprobada por el Gobierno español sin contar con la opinión del sector de las agencias de viajes, y desconociendo la complejidad y la casuística de la operativa de estas últimas, amplia sustancialmente los datos que hasta ahora se comunicaban al Ministerio por parte de las empresas de hospedaje. Asimismo, obliga a las agencias de viajes a realizar la comunicación de los datos de las reservas en las que intervienen, tanto en alojamientos como en alquiler de vehículos a motor, pues esta normativa obliga a realizar una doble comunicación de los datos: primero cuando se realiza la reserva (ya sea a través de una agencia de viajes o directamente con el proveedor) y posteriormente cuando se realiza la entrada en el establecimiento de hospedaje o se realiza la entrega del vehículo.
A modo de ejemplo, esta norma exige que al realizar la reserva se registren, entre otros, los datos de fecha y lugar del viaje y comuniquen datos personales de los consumidores tales como nombre y apellidos, sexo, la fecha de nacimiento, el lugar de residencia habitual, el teléfono fijo, el teléfono móvil, el correo electrónico, la forma y todos los datos de pago (tipo de tarjeta y número, IBAN cuenta bancaria, titular del pago…) o, por ejemplo, en el caso de reservas de hospedaje además se exigen, entre otros, los datos de relación de parentesco entre los viajeros en el caso de que alguno sea menor de edad.
Inclusive se llegan a solicitar datos que únicamente están en disposición de los prestatarios directos de los servicios (hoteles y compañías de alquiler de vehículos), tales como si la habitación dispone o no de conexión wifi o el color, modelo y matrícula del vehículo, siendo de imposible obtención para las agencias y convirtiendo el Real Decreto en una norma de imposible cumplimiento.
Con la entrada en vigor del RD 933/2021, se pone en riesgo la protección de datos personales y el respeto a la intimidad personal y familiar, derechos fundamentales amparados por el artículo 8 del título II de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
El Gobierno prometió una Orden Ministerial para mitigar los problemas del Real Decreto 933/2021 y facilitar su cumplimiento, limitando los datos solicitados. Aunque el borrador de esta Orden fue enviado a las asociaciones firmantes el 31 de octubre de 2023, el Ministerio del Interior no respondió a las alegaciones presentadas. Recientemente, el Ministerio ha informado que dicha Orden finalmente no se publicará, así como ha informado que tampoco se ampliará el plazo de adaptación a esta normativa que finaliza el próximo 1 de octubre. Esto supone que la aplicación del Real Decreto 933/2021 se producirá el próximo 1 de octubre sin las necesarias regulaciones que aclaren y limiten su alcance.
FETAVE, ACAVe y UNAV seguirán luchando por los intereses del sector, buscando la exclusión de las agencias de viajes del ámbito de aplicación del RD 933/2021 o, al menos, la implementación de medidas que hagan viable su cumplimiento para evitar el colapso de un sector vital para la economía española y proteger la privacidad y los intereses de millones de viajeros.
